La nueva ley de educación que presentó la ministra Celaa en plena pandemia sanitaria y sin ningún consenso, supone la ruptura del pacto constitucional en materia educativa, ataca la libertad de enseñanza, recortando el derecho de los padres a elegir la educación y el centro que quieren para sus hijos y expulsa la exigencia, el mérito y el esfuerzo del sistema educativo.
No incorpora ni un solo elemento modernizador del sistema y renuncia a las competencias del Estado en materia educativa.
La desigualdad entre los centros concertados y de enseñanza pública, pero también entre los propios estudiantes y familias, la puso una vez más de manifiesto el gobierno recientemente, cuando anunció las transferencias directas aprobadas por el gobierno a las Comunidades Autónomas por 16.000 millones, en esta partida, hay 2.000 millones para educación para afrontar los efectos del Covid, pero sólo para la pública.
Los datos están ahí, en Asturias, por ejemplo, la existencia de colegios concertados provoca un ahorro superior a los 50 millones de euros anuales en las arcas públicas.