El Partido Popular de Avilés elevará el próximo viernes al Pleno del Ayuntamiento una moción “en defensa de la Constitución española, la igualdad de los españoles y el respeto al estado de derecho y la Democracia”. El grupo municipal pretende que la Corporación debata y apruebe una serie de acuerdos donde se manifiesta “nuestra firme adhesión a la Constitución española de 1978 al ser el pacto que nos dimos todos fruto del acuerdo y del entendimiento y no de la imposición”. Según se recoge en el documento, la Carta magna “integra sin excluir; no divide, sino que une a los españoles en torno a un proyecto común. La Constitución sigue hoy plenamente vigente y es la que mantiene viva la unidad de España, la monarquía parlamentaria, la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y proclama la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo en nuestro país”.
La portavoz municipal, Esther Llamazares, pedirá al resto de partidos que manifiesten también que “España es una Democracia fuerte, plural y con principios y que dispone de los resortes para poder contrarrestar a aquellos que quieren debilitarla”. Igualmente, solicitará que todos “nos sumemos a la denuncia de todas las asociaciones de jueces, de los jueces decanos, de los presidentes de las Audiencias Provinciales y del propio Consejo General del Poder Judicial que han censurado el riesgo de quiebra de la separación de poderes que se desprende del acuerdo con los nacionalistas catalanes. Nos oponemos a la referencia al lawfare o judicialización de la política y a sus consecuencias porque viene a negar que España sea un Estado de Derecho”.
Por último, “la Corporación debería expresar nuestro firme rechazo a la concesión de privilegios económicos o fiscales a cualquier Comunidad Autónoma, ya que rompe la igualdad y solidaridad entre todos los territorios de España y nuestra repulsa a cualquier Ley de Amnistía por ir en contra del principio de igualdad de todos los españoles ante la Ley, así como nuestra repulsa ante la celebración de cualquier referéndum de autodeterminación de cualquier territorio de España. Ambas acciones son contrarias a la Constitución”.
En la exposición de motivos que justifican la moción se recuerda que “España es una Democracia fuerte, plural y con principios, asentada en la Constitución española de 1978, nacida del diálogo y el consenso de todos los españoles que refrendaron con su voto ese gran pacto nacional. Una Constitución que puso fin a décadas de falta de libertad y ayudó a cerrar las heridas del pasado. La Carta Magna, cimentada sobre la unidad de España y de los españoles, nos permitió abrirnos a un nuevo destino colectivo con los valores constitucionales por bandera: la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo”.
Sub embargo, apunta Llamazares, “el pasado 9 de noviembre los españoles tuvimos conocimiento del ataque más grave al Estado de Derecho en nuestra Democracia, un acuerdo del PSOE con los independentistas catalanes para investir al candidato Sánchez como Presidente del Gobierno. Un acuerdo que profana la Constitución que fuimos capaces de construir entre todos en 1978”.
“Unos acuerdos que los españoles merecían conocer de boca del Presidente en funciones y que, sin embargo, hemos tenido conocimiento de ellos porque los independentistas nos lo han ido contando, lo hicieron público, de hecho el mismo día del aniversario de la consulta ilegal sobre la autodeterminación que se llevó a cabo en Cataluña el 9 de noviembre de 2014. Una humillación para los españoles que están viendo cómo el candidato a presidir”, acusa Llamazares.
El Gobierno de España, subraya, “está rindiéndose ante los deseos de los independentistas, no dando la cara y desdiciéndose de lo que prometió en campaña electoral y de lo que siempre ha defendido el PSOE”.
Según se recoge en la moción, Pedro Sánchez, “no da la cara porque sabe lo que implica este indecente acuerdo para mantenerse en el poder. Sabe que está vendiendo España. Sabe que quiebra la igualdad de los españoles ante la ley. Sabe que el acuerdo niega que España sea un Estado de Derecho. Sabe que dinamita los cimientos de la separación de poderes. Sabe que debilitará el Estado de las Autonomías”. Sánchez, continúa, “ha dado carta blanca a los independentistas para romper España. Ha vendido a España otorgando una amnistía que anulará jurídica y políticamente la actuación del propio Estado en defensa de los derechos y libertades de todos ante el intento de quiebra de la convivencia más grave desde 1981, como fue el 1-O, desautorizando la actuación de los jueces y tribunales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, e, incluso, la del mismo PSOE que votó el art. 155”.
El pacto, insiste, “otorga carta blanca a la celebración de un referéndum de autodeterminación, que no tiene cabida en nuestro sistema constitucional, como reiteradamente ha manifestado el Tribunal Constitucional. Sánchez cambia los votos que necesita para ser Presidente del Gobierno por más de 15.000 millones de euros de los impuestos de todos los españoles. Un precio que pagaremos todos y que va a convertir a los españoles en ciudadanos de primera y de segunda porque lo que se condone a los independentistas, lo pagaremos el resto de los españoles e implicará una merma en los servicios públicos”, zanja.
