Un Plan Nacional para racionalizar y ahorrar el gasto público y para establecer medidas para la modernización y reforma de todas las Administraciones Públicas, estatal, autonómicas y corporaciones locales. Es la propuesta que Esther Llamazares, portavoz del Partido Popular de Avilés, presentará a través de una moción al Pleno que se celebrará la próxima semana en el Ayuntamiento avilesino.
Llamazares plantea a la Corporación proponer al Gobierno de España que mejore el diseño del Plan Recuperación Transformación y Resiliencia para hacerlo más ágil, de manera que la financiación llegue a las empresas y familias de forma inmediata y para que las reformas sean transformadoras; intensificando entre otras medidas, el uso de incentivos fiscales extraordinarios y temporales, aplicables a inversiones que hagan hogares y empresas que se consideren que contribuyan a la mejora de la cohesión social y la capacidad de reacción ante las crisis destinados a inversiones en materia de transformación y digital y eficiencia energética, financiables para la Hacienda Española con cargo al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, destinando al menos un 7% del PRTR, a esta finalidad (4.900 millones).
Se trata, además, de iniciar la implementación de un paquete de reformas estructurales para incentivar la actividad económica. De iniciar una bajada de impuestos selectiva, inmediata y temporal sobre los sectores más afectados por la inflación, y para rentas bajas y medias cuantificada en una horquilla de entre 7.500 y 10.000 millones de euros. La medida propuesta combina otras:
- Deflactar la tarifa del IRPF en los tres primeros tramos (hasta 40.000 euros).
- Crear en el IRPF una nueva figura en el mínimo personal y familiar para rentas bajas y medias que se sitúan entre los 14.000 y los 22.000.
- Adaptar las retenciones y pagos fraccionados para que las medidas fiscales aprobadas tengan impacto automático y con efecto retroactivo desde el pasado 1 de enero en la economía de las familias, empresarios y profesionales de forma inmediata.
- Establecer un impuesto negativo articulado como pago anticipado (ayuda directa de entre 200 y 300 euros anuales que podrán obtenerla de forma anticipada), para personas especialmente desprotegidas por el incremento del IPC para las rentas del trabajo y de actividades económicas más bajas sobre las que no hay obligación de retener (caso general 14.000 euros, que puede llegar hasta los 17.600 euros aproximadamente en función de las circunstancias personales y familiares del contribuyente), y coordinado con las ayudas que se puedan recibir desde el Ingreso Mínimo Vital o desde el Bono Social Eléctrico y del Bono Social Térmico, así como del resto de prestaciones sociales que se prestan desde CCAA y Ayuntamientos.
- Aprobar para autónomos y profesionales la reducción de la tributación en estimación objetiva en IRPF (módulos) y del régimen simplificado en IVA y régimen especial de recargo de equivalencia en aquellos sectores especialmente afectados por el incremento de precios y costes.
- Introducir en el Impuesto de Sociedades un nuevo supuesto de libertad de amortización en el artículo 12.3 LIS para este tipo de inversiones en eficiencia energética, cuando cumplan los requisitos que se establezcan reglamentariamente. Esta libertad de amortización se reservaría para las inversiones con nivel elevados de mejora de la eficiencia energética (de modo similar a como se han regulado distintos porcentajes de deducción en la DA 50ª LIRPF, introducida por art. 1.2 del Real Decreto-ley 19/2021, de 5 de octubre), estableciéndose en los casos en los que no se alcancen dichos niveles, medidas de amortización acelerada (duplicando los coeficientes máximos de amortización del art. 12.1.a) LIS).
- Bajar de manera temporal el IVA del gas y la electricidad del 10% al 5%, e impulsar la rebaja del Impuesto Especial de Hidrocarburos con la finalidad reducir la carga impositiva de los tributos indirectos del IVA e Impuestos Especiales que gravan el consumo energético. Con ello se pretenden dos efectos, de una parte, liberar recursos en la economía familiar y de las empresas, y a su vez contribuir a la simplificación y la eficiencia al ahorrar costes de gestión, habida cuenta que sobre este tipo de imposición se vienen realizando bonificaciones y subvenciones que complican la gestión, añaden carga burocrática para la administración, las empresas y los consumidores.
El grupo popular, a través de su portavoz Esther Llamazares, censura así, con propuestas que cree efectivas, las políticas económicas que viene desplegando el Gobierno de PSOE-Podemos desde finales del año 2018. Unas políticas que “no están sirviendo a España para converger en desarrollo socioeconómico con la media de la UE, de hecho, los indicadores evidencian un retraso en la salida de la crisis, y muestran un agravamiento (de manera lenta pero continua, y sistemática, y aquí el riesgo) de los desequilibrios macroeconómicos, que sitúan las finanzas públicas en una posición cada vez más vulnerable (según Informe Anual 2021 del Consejo Fiscal Europeo-Órgano Independiente que asesora a la Comisión Europea), reduciendo el margen de actuación de las administraciones públicas para apoyar la dinamización económica y el empleo”, sentencia la edil.
La noticia en los medios:
https://www.elcomercio.es/aviles/lleva-pleno-mocion-20220610000733-ntvo.html
