El Partido Popular y Cambia Avilés instarán al Principado de Asturias a resolver la problemática que sufren los inquilinos de las viviendas protegidas de El Balandro, en el Nodo. Las portavoces Esther Llamazares (PP) y Sara Retuerto (Cambia Avilés) han ofrecido hoy junto a los vecinos afectados una rueda de prensa para exponer la situación que atraviesan los inquilinos de los números 10, 13, 14, 15, 17 y 26. Una situación, en palabras de Llamazares, “francamente complicada, sin protección ni amparo, derivada de las liquidaciones de suministros, en las que se realizaron regularizaciones en los meses de julio y agosto por la empresa suministradora, que en muchos casos han pasado a cuadruplicar el coste que venían asumiendo hasta el momento”.
Llamazares ha anunciado que elevarán al Pleno de Avilés a celebrar la próxima semana (día 19) una moción conjunta en la que pedirán el apoyo del resto de partidos con representación en la Corporación para que el Gobierno socialista de Asturias se haga cargo de una situación que le compete por tratarse de viviendas de su propiedad además de pedir que “el director general de Vivienda reciba con carácter inmediato a los vecinos”.
“Los vecinos se han unido para intentar lograr una regularización de los recibos de agua caliente que, en muchas ocasiones, les han desbordado”, ha explicado Esther Llamazares. “Todos han sufrido incrementos, los hay que oscilan desde los 140 euros hasta los 455, un destrozo para cualquier familia que, además, llega sin avisar, sin tiempo de reacción, sin posibilidad de fraccionarse o negociarse con la empresa que les cobra”, ha afeado la portavoz popular.
Por ello, “instaremos al Principado a que tome las riendas de este problema, porque las viviendas son protegidas y han sido construidas (por la empresa AVN) en suelo regional mediante una cesión de derecho real de superficie”, ha recordado la concejala. Es el Principado de Asturias, propietario de los terrenos, quien debe revisar “los términos y condiciones del contrato en los que fue aprobado” y, además, “siendo el Servicio de Promoción y Financiación de la vivienda en colaboración con la empresa, es el propio Principado el órgano que canaliza y debe dar respuestas y soluciones a las cuestiones planteadas por los vecinos”, ha subrayado la edil.
La interlocución entre vecinos y Gobierno regional ha de ser real y efectiva para solucionar la situación dado que, tal como recordó Llamazares esta tarde, “la comunicación de la empresa arrendataria con los inquilinos es a través de correo electrónico y mediante una APP, obviando que muchas de las personas que ocupan estas viviendas son mayores y o no reciben las comunicaciones o no tienen capacidad para acceder a la información”. Pero, a mayores, “algunos vecinos que se han puesto en contacto con la empresa para tratar de fraccionar el pago de las elevadas facturas han tenido un NO por respuesta”
Llamazares ha evidenciado que los “recursos de los vecinos afectados son limitados y el Principado es quien tiene que velar por sus intereses, debe mediar con la empresa, y evitar esta situación porque no se entiende que los vecinos que viven en una vivienda protegida estén pagando el doble o el triple en recibos de agua caliente, sólo de agua caliente, que de alquiler”.
El contexto es “inconcebible” por muchos aspectos a juicio de la edil, pero más si se tiene en cuenta que “los edificios cuentan desde su construcción con paneles solares que nunca han entrado en funcionamiento, sin explicación alguna y que podría abaratar estos costes de manera importante”.
Al aumento en el cobro de las facturas se une además el malestar que sufren los vecinos en cuanto a las deficiencias que presentan los inmuebles “por falta de mantenimiento, que, a pesar de haber sido comunicadas en repetidas ocasiones, no han sido reparadas”. Al mismo tiempo, otras carencias pasan por la falta de mantenimiento ya que “cuentan con una para la totalidad de las zonas (180 vecinos) que asiste un día a la semana (jueves), salvo casos de urgencia; existen humedades en las viviendas, puertas sin cerraduras, pérdidas de agua de las cañerías que llegan a los trasteros; los micros de los portales no funcionan y las puertas están estropeadas…”.
Por todo ello, ha insistido Llamazares, “es urgente que el Gobierno del Principado de Asturias no sólo reciba a los vecinos para escuchar sus problemas, sino que ponga las herramientas necesarias para solucionar una situación que se repite en otros municipios, no sólo en Avilés”.
