La Portavoz parlamentaria del PP, Teresa Mallada, ha descrito esta mañana la situación de la factoría avilesina de Alu Iberia como de “máxima incertidumbre” y ha hecho un ofrecimiento al resto de los partidos políticos con representación en la Junta General del Principado, a las federaciones sindicales y a las empresas de las industrias pesadas a consensuar las líneas básicas de un estatuto de la industria electrointensiva para remitir al Ministerio.
Mallada ha realizado este anuncio tras reunirse con el comité de empresa de Alu Iberia y durante una rueda de prensa en la que también ha participado el presidente de este órgano, José Manuel Gómez de la Uz.
La popular ha denunciado que el Gobierno central ha incumplido los compromisos concretos que había adquirido tras la venta de la fábrica de Alcoa a Alu Iberia. “No ha presentado el estatuto necesario para abaratar el coste de la energía, pero también ha incumplido algo tan básico como celebrar la mesa de seguimiento de la venta que la propia Adriana Lastra comprometió para mediados o finales de septiembre”, explicó en este sentido.
Estos incumplimientos, agregó Mallada, han llevado a la dirección de la empresa a realizar unas previsiones de consumo de energía para 2020 muy inferiores a las realizadas en años anteriores y que comprometen seriamente la puesta en marcha de las series de electrolisis.
En este sentido explicó que en años anteriores la empresa tenía una previsión de consumo de 1.000 gigavatios hora año mientras que para el próximo año contempla un consumo de tan solo 60 gigavatios “lo que parece indicar que solo va a tener habilitada la fundición sin tener previsto arrancar la electrolisis”.
La popular ha explicado que para que Alu Iberia garantice el cien por cien de los empleos de la antigua Alcoa es imprescindible la puesta en marcha de la ectrolisis porque solo con la fundición no se asegura
La popular ha explicado que la empresa ha realizado las inversiones necesarias para la puesta en marcha de esta serie y únicamente se encuentra a la espera de que el Gobierno de Pedro Sánchez tome las medidas necesarias para abaratar la factura eléctrica.
“Ya que ni el Gobierno autonómico del señor Barbón ni el Ejecutivo central de Pedro Sánchez, el PP como líder de la Oposición, se ve obligado a tomar la iniciativa y plantear un documento que recoja medidas concretas para salvar a nuestra industria”, subrayó.
En cuanto a las medidas que recogería el estatuto, la portavoz explicó que han sido consensuadas con el Gobierno de Galicia “cuya industria tiene problemas similares” y que supondrían exenciones fiscales o el aumento de la cuantía máxima de las compensaciones de los costes indirectos por las emisiones de CO2.
La fundición solo asumiría un tercio de los empleos
En este sentido, el presidente del comité de empresa, José Manuel Gómez de la Uz, ha explicado que la fundición solo asumiría a un tercio de los trabajadores de la antigua Alcoa, pese a las mejoras tecnológicas y a la inversión de más de 10 millones de euros prevista por la empresa. Gómez de la Uz reconoció “haberse sentido engañado en numerosas ocasiones” por el Gobierno socialista.
