Las anomalías en las contrataciones del Ayuntamiento de Avilés “no se limitan sólo a los contratos a dedo” también afectan al proceso previo con “licitaciones dirigidas”. La portavoz del Partido Popular avilesino, Esther Llamazares, ha denunciado hoy en rueda de prensa que para poder concurrir a la prestación del servicio del Centro de Atención Sexual de Avilés (CASA) no se requiere ninguna titulación profesional concreta, pero sin embargo, sí es de obligado cumplimiento ser miembro de una asociación específica.
“¿Cómo un Ayuntamiento puede determinar qué asociación es buena o mala? El asociacionismo es libre y sirve para unir a profesionales, empresarios, personas físicas con el objetivo de conseguir un fin común, pero no te acredita profesionalmente, no te hace mejor o peor, nadie puede imponer legalmente que formes parte de una asociación. Así vemos que el para optar a dirigir el Centro de Atención Sexual de Avilés el Ayuntamiento obliga a ser socio de un colectivo en su intento por seleccionar también aquí qué asociación le encaja mejor que otra”, censura.
Sin embargo, “vemos que para poder concurrir a esta licitación es requisito imprescindible ser miembro de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología, de lo contrario, si el licitador no estuviera en posesión del mismo a fecha de fin de presentación de su proposición al servicio será excluido de la licitación”, denuncia la portavoz popular. Y abunda: “no vale con asociarse más adelante, debe serlo ya”. Esto choca, a juicio de Llamazares, con otro criterio que se da, por ejemplo, en los cursos de formación, para los que “no es necesario que el centro que diriges esté acreditado en el momento que acceder al servicio público, puedes acreditarte durante el proceso y sólo es obligatorio tenerlo cuando vayas a cobrar la factura”.
Así, la concejala muestra que en los pliegos publicados en el perfil del contratante “una de las cláusulas administrativas particulares conculca el derecho a entidades, profesionales y empresarios para presentarse a esta licitación”. Llama la atención de la edil que “lo lógico, cuando hablamos de habilitación profesional, será la exigencia de una cualificación profesional legal, una formación concreta para poder concurrir que, en el caso que nos ocupa, debería ser a través de un máster que habilita a profesionales sanitarios para desempeñar la labor. Hablamos de médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales…”, detalla Llamazares. Sin embargo, subraya, “lo que se exige por parte de este Ayuntamiento es que la entidad adjudicataria deberá estar registrada como socia en la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología”. La portavoz popular asegura que “a simple golpe de clic en internet salen al menos seis colectivos de este tipo, pero aquí parece ser que sólo puede pertenecerse a éste en cuya página web podemos encontrar el nombre de sus socios, dos de ellos, por cierto, de Avilés”, con lo que para la edil “resultaría curioso que a esta licitación se presentara una tercera persona al concurso”.
“Nos parece muy grave que se dirija y se obligue a pertenecer a uno u otro sitio a profesionales y empresarios para poder trabajar”, censura la edil. Por eso, “hemos intentado presentar un recurso a estas bases, pero para mi sorpresa, no estoy legitimada para hacerlo porque no soy parte implicada y no formo parte del proceso. Es como si están robando en casa de tus vecinos y ellos no se están enterando, yo lo estoy viendo, pero como no soy la propietaria de la vivienda robada no puedo hacer nada al respecto y debo dejar que sigan robando”, critica. Pero tampoco puede hacerlo como concejal “porque este tipo de pliegos de condiciones no son tema de debate en el Pleno” con lo que la única solución “es hacerlo público a través de los medios y canales de comunicación que tenemos a nuestro alcance”, lamenta Llamazares.
Una de las “preocupaciones” que ha trasladado hoy la edil popular es que “ninguna de las partes interesadas en un posible proceso laboral de estas características, ninguna empresa pequeña, mediana o grande, va a actuar ante estas discriminaciones y hacer algo en contra de la Administración por temor a que pueda haber represalias en otras contrataciones o porque pueda traer consecuencias profesionales inmediatas”, asegura.
“Hablamos de una licitación de 67.500 euros, una cifra importante como para que, como poco, los profesionales puedan recurrir libremente y presentar sus propuestas y proyectos sin condición administrativa alguna que no se sea una formación profesional”, incide la concejala.
“Cuando no son contrataciones a dedo, son contratos menores. Empezaré a dejar un sobre ante notario con el nombre de los ganadores de estos concursos públicos del Ayuntamiento de Avilés para garantizar que sabemos de antemano quién va a hacer qué para este equipo de Gobierno”, ironiza Llamazares.
