La portavoz del PP de Avilés, Esther Llamazares, ha denunciado hoy la “forma arbitraria de trabajar” del equipo de Gobierno socialista que gestiona el Ayuntamiento avilesino. Algo que, a su juicio, “pone muchísimo en tela de juicio las actuaciones” del Ejecutivo local en materia de Festejos y Cultura y que, además, “supone una merma en las arcas públicas al perdonar los pagos por ocupación de suelo de algunos empresarios de atracciones”.
Llamazares ha hecho estas declaraciones durante una rueda de prensa en la que habló de la arbitrariedad en el cobro de tasas de los feriantes que se instalaron en distintos puntos de la ciudad durante las fiestas de San Agustín (unos pagaron por uso de suelo público y otros no), y del agravio comparativo al que se sometió a los empresarios hosteleros a la hora de instalarse, y beneficiarse, en la zona donde se desarrollaron los festejos. La portavoz de los populares entiende que “las obligaciones son para todos, pero los derechos también, por lo que si hay las mismas obligaciones para todos, debe haber los mismos derechos para todos”, subraya.
Sin embargo, “esto no ha sido así”. “En el caso de los feriantes, ya nos parece llamativa la forma que han tenido de autorizarles su instalación. Denunciamos en su momento la forma de actuar, de instalar y desinstalar a los feriantes durante el Festival de la Cerveza; de llevarse a las afueras de Avilés las atracciones que ya había comprometido la organización del Festival por criterios caprichosos de la concejala de Festejos e incluso de intentar levantar terrazas de hosteleros para colocar a otros feriantes distintos del agrado de la misma edil”, recuerda Llamazares. Y ahora, “que hemos visto toda la documentación que está a nuestro alcance, vemos que a los feriantes que mandaron fuera –donde podrían obtener beneficios inferiores- se les cobra una tasa incluso por encima de lo que se les venía cobrando en años anteriores”, lamenta la edil. “Ahondando más en ello, vemos que ni los feriantes que sí se pudieron instalar en Las Meanas y los que se metieron a calzador como necesidad perentoria en el estacionamiento del colegio de El Quirinial estuvieron exentos de tasas. Algo que nos llama la atención por el ingreso importante que hubiera supuesto”, recuerda Llamazares.
En mandatos anteriores, ha puesto de manifiesto la portavoz popular, “ni tan siquiera había posibilidad, aduciendo motivos de seguridad, de que los feriantes se instalaran en nuestra ciudad”. Algo que revirtió en 2019 cuando “volvemos a tener atracciones en las fiestas”. Al anunciar ese regreso, uno de los feriantes “explica para anunciarlo que sólo queda presentar un seguro del recinto a ocupar y el pago de las tasas por ocupación de suelo público, que asciende a unos 10.000 euros”, expone la edil. En 2021 se cedió de forma gratuita el espacio al término de la pandemia, “algo que apoyamos totalmente por la merma en los ingresos de los feriantes durante la crisis sanitaria”. Sin embargo, este año, “se exime de tasas a unos, y a otros no, y el único criterio que vemos para la exención es la justificación en un documento oficial donde unos feriantes exigen, y así consta en el expediente, una solicitud de exención de tasas para desarrollar su actividad”. Una actividad que “viene recogida en una ordenanza y hace que nos preguntemos si todos los empresarios que soliciten la exención se les va a conceder y a quienes no lo hagan, no. El suelo es de todos, pero se usa en beneficio de unos pocos”, lamenta Llamazares. En la línea de gestión de este extremo, “vemos que en años anteriores había una contratación expresa, salía una licitación para que los feriantes pudieran participar y optar a través de un precio a ocupar los metros que se consideraba para las atracciones, algo que no parece haber existido este año”, sostiene.
Esther Llamazares abunda en la importancia del cobro de las tasas “más allá de las preferencias por unos u otros que pueda demostrarnos la concejala” puesto “tal como podemos ver en otras comunidades y ciudades, supone un importante ingreso en las arcas públicas. Y entendemos que cualquier entidad privada que quiera pagar por ello es porque su compensación económica vale la pena después”.
“Esperamos que la concejala del ramo nos justifique de una forma convincente por qué este año no se ha hecho como en otros, ni siguiendo el contenido de la ordenanza, por qué la ley se cumple cuando cree ella conveniente, y por qué otros años se sacó una tasa por debajo de lo que marca la ordenanza (en 2017 y 2018 se cobró a 0,30 euros el metro cuadrado y este año a 0,71, como marca la ordenanza)”, ha avanzado la edil.
Las barras de San Agustín
De otro lado, aunque también relacionado con la cesión “arbitraria” de suelo público, Llamazares ha puesto sobre la mesa los “agravios comparativos hechos a través de la Unión de Comerciantes de Avilés y Comarca (UCAyC) con el beneplácito de la Administración y en perjuicio de los empresarios hosteleros”. Tiene que ver esto con las llamadas barras de San Agustín que “se instalaron en la zona de la explanada y que no tuvieron en cuenta a los hosteleros que tienen sus negocios en la zona, por los que pagan sus impuestos y podrían haberse visto beneficiados de la medida, pero ni tan siquiera fueron consultados”. Llamazares cree que “es más que evidente y entendible el malestar de los hosteleros con quien “no hay ni respeto ni decoro”.
“La puesta en marcha de esta iniciativa no fue consultada ni consensuada con la hostelería, fue un gesto participado por UCAyC que no tuvo en cuenta a los negocios de otras asociaciones o incluso a los que no están asociados a ninguna. La concejala nos dijo en el Pleno que era una iniciativa promovida por la UCAyC y así nos lo quieren hacer constar cuando el 12 de agosto se registra una petición de la asociación al Ayuntamiento. Algo que contraviene las declaraciones públicas hechas por la concejala el día 7 de agosto en donde dice que la UCAyC, por encargo de la Concejalía de Festejos, asume la instalación de 11 jaimas donde comerciantes venderán comida y bebida. Diez de esas jaimas, ese mismo día, ya habían sido adjudicadas. Así lo declaró la concejala, no nos lo inventamos nosotros. Pero el día 12, cinco días más tarde, nos lo visten de legal con esa petición”, lamenta la edil.
La rueda de prensa:
