La diputada del Partido Popular de Asturias, Gloria García, ha elevado hoy al Pleno de la Junta General las deficiencias denunciadas por el AMPA del colegio público de Educación Especial San Cristóbal de Avilés. García ha pedido a la consejera de Educación del Gobierno regional “un estudio de las necesidades del centro” para que, a continuación, el Ejecutivo “arregle y subsane” una retahíla de demandas que el centro necesita y que ya la semana pasada denunció la concejala Ceila Fernández, quien este viernes lo llevará al debate plenario municipal a través de una moción.
Tal como recordó García, “el Colegio San Cristóbal es un centro de Educación Especial que abarca al alumnado de toda la Mancomunidad de Avilés. En la actualidad tiene 99 alumnos, es decir, está prácticamente al límite de su capacidad. Hasta el punto de que el AMPA ya ha cedido su cuarto para hacer actividades y la biblioteca, que en su momento empezó a usarse por las medidas sanitarias impuestas en la COVID, ha quedado para su uso en diferentes actividades. El problema -indicó- es que no hay calefacción y no está preparada como aula con lo que el alumnado tiene que utilizar una estufa”.
En el San Cristóbal, ha subrayado García, “los alumnos de transición a la vida adulta no tienen un espacio específico para ellos”.
En cuanto a los accesos, ateniendo al Real Decreto 193/2023 de 21 de marzo, la Consejería debe adoptar “las medidas necesarias para asegurar que los centros educativos cumplan las condiciones de accesibilidad en sus instalaciones, incluidas las deportivas, residenciales y recintos, así como el transporte escolar”. Sin embargo, las rampas de acceso al propio centro y al gimnasio “no tienen techo” con lo que los alumnos -con distintos grados de movilidad y discapacidad- “se mojan en los días de lluvia”. Además, “el camino al huerto es de tierra y en el único baño que hay en el patio existe un escalón que para ellos es un auténtico muro”.
De otro lado, ha apuntado García, “los problemas en las tuberías son recurrentes y, cada cuatro días, se producen reventones”. Y todo esto sucede, a juicio de la diputada popular, “porque los centros están muy envejecidos y por la dejadez absoluta de la Consejería y por las guerras interesadas con los Ayuntamientos”, puesto que entre que se dirime la competencia de quién arregla o no el espacio educativo “se deja pasar el tiempo” sin que se subsanen las deficiencias reales”.
Sin autobús
García ha denunciado que el pasado 2 de octubre los alumnos del centro San Cristóbal “se quedaron tirados” esperando al autobús “porque había un chófer de vacaciones y nadie pasó a recogerlos”, fueron los padres, ha dicho, quienes tuvieron que llevar a los niños mientras que la Consejería “no hizo nada” pese a que ésta “no era la primera vez que sucedía el problema”. Según la parlamentaria, “la respuesta fue que cuando se acabaran de repartir otros alumnos otro autobús pasaría a recogerlos. Hablamos -ha incidido la diputada- de niños con discapacidad“. A este respecto, ha propuesto García, “la Consejería tiene que hablar con el Consorcio, porque si un autobús pasa cuando quiere y deja de pasar cuando le da la gana se está sometiendo a los alumnos a un riesgo”.
Sin embargo, la Consejera de Educación, no ha respondido a la diputada popular y “ha dado una respuesta saliéndose por las ramas y hablando de programas educativos”, ha lamentado García. “En ningún momento el grupo parlamentario ha puesto en cuestión ni los programas ni la labor educativa de los docentes, que tienen mucho mérito en el trabajo que desempeñan”, ha aclarado.
“Le hablo de una planificación, de una serie de reformas, le hablo de cosas que tampoco tienen por qué ser especialmente costosas, son más voluntariosas que otra cosa. Y le hablo de que este centro de educación especial, igual que los demás, tiene una necesidad de que se haga un estudio detallado de las actuaciones que necesita porque los centros están trabajando y a cambio la Consejería lo que tiene que hacer es mantenerlos en perfecto estado de revista”, ha zanjado.
La intervención de la parlamentaria en la Junta General del Principado:
